La Corte Provincial dispuso la cesantía de un funcionario judicial de la ciudad de Mercedes por desobediencia reiterada a órdenes impartidas por un superior jerárquico.
El Superior Tribunal de Justicia aplicó en la Resolución Nª 654/18 la máxima sanción disciplinaria -la cesantía- para el licenciado Carlos E. Rogido, quien se desempeñaba en la Delegación de Informática de Mercedes.
La decisión del STJ se produjo luego de finalizar el proceso de sumario administrativo, que tuvo el objetivo de investigar la actuación y conducta del funcionario en relación a falencias tales como la falta de capacitación del personal de Mesa de Entradas del Tribunal Oral Penal de Mercedes en la carga de expedientes ingresados en el sistema informático Iurix y en el uso de códigos de actuaciones para la carga de protocolos de Sentencias y Resoluciones del sistema informático.
Además se comprobaron inconvenientes en la registración informática de datos en el Libro de Elementos Secuestrados; falta de respuesta a consultas e inquietudes formuladas por el personal de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Mercedes en relación al manejo de los Libros Electrónicos del sistema informático Iurix; falta de respuestas a pedidos de asistencia formulados por el Juzgado de Instrucción y Correccional de Mercedes, y de acceso del Juzgado de Menores y Familia de Mercedes al sistema informático Iurix por varios días.
Finalmente, se constató la incomparecencia de Rogido a una reunión que se llevó a cabo en la sede la Comisaría Primera de Mercedes, con la presencia de uno de los Ministros del STJ; la Jueza de Instrucción y Correccional y el Fiscal de Instrucción y Correccional de Mercedes, como también los sumariantes y responsables de las Comisarías de la Jurisdicción, donde se trató el uso del Preventivo Electrónico y a la que dicho funcionario fue citado para que informe, asesore o gestione las consultas técnicas que pudieran realizarse en el encuentro.
Los integrantes de la Corte Provincial indicaron que la desobediencia del trabajador a las órdenes impartidas por el empleador que se refieran de modo directo a la ejecución del trabajo, configura una causal de despido justificado, ya que supone el incumplimiento de los deberes de obediencia, diligencia y colaboración en el trabajo que pesan sobre aquél.
Y que ello ha sido sostenido en forma reiterada en el ámbito del Derecho Laboral. “(…) el primer deber básico del agente es cumplir con dedicación la función que se le encomienda y principalmente, observar el fiel cumplimiento de sus deberes, porque el servicio de justicia exige rectitud y la observancia de una conducta irreprochable, debiendo guardarse en todo momento un estilo que trasunte seriedad, confiabilidad y honestidad de un buen funcionario y/o empleado judicial”.
Destacaron luego que la conducta del agente repercutió negativamente en el servicio de justicia, ocasionando un innegable menoscabo al Poder Judicial y a los justiciables; y la inasistencia injustificada a una reunión en la que resultaba indispensable su presencia, habiendo sido debidamente convocado a ella significó también una grave afectación del servicio de justicia. Por todo ello, y con la firma de la totalidad de los Ministros, se resolvió aplicar al funcionario la sanción disciplinaria de cesantía.
El Tribunal de Juicio impuso la pena de siete años de prisión para Melanie Celeste Villalba, de cinco años y cuatro meses para Agustina Giselle Salinas por el delito de homicidio simple en grado de tentativa y en calidad de autora y co-autoras materiales. En cuanto a María Isabel González, fue considerada responsable penalmente por el delito de lesiones leves. Los fundamentos estarán disponibles dentro de los próximos cinco días hábiles.
El próximo martes 22 de abril, ante el Tribunal de Juicio en su integración plena de los doctores Jorge Alberto Troncoso, como presidente; Juan Manuel Ignacio Muschietti y Ramón Alberto Ríos, como vocales; la fiscalía acusará a una mujer por el presunto homicidio de sus dos hijos menores de edad.
A través de la Resolución N° 13, la Fiscalía General del Poder Judicial de Corrientes declaró de interés el II Encuentro Nacional de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales (R.A.F.A.), que se realizará los días 15 y 16 de mayo de 2025 en la ciudad de Santa Fe.