Una iniciativa del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, de los cuales es miembro el Fiscal General de Corrientes, doctor César Sotelo, permitió que un profesional de Corrientes participe de una capacitación sobre violencia de Género en Barcelona, España, a partir de un  convenio con la Escuela Judicial de esa ciudad, la cual se desarrolló del  12 al 23 de noviembre último.

El “Curso de capacitación y Actualización del Programa de Intervención con agresores en cumplimiento de Condena por Violencia contra la Pareja para las provincias de la República Argentina” estaba destinado a psicólogos y tuvo  una duración docente teórica-práctica de 84 horas. Contó con la asistencia de 10 profesionales de diferentes provincias: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Santiago del Estero, La Pampa, Rio Negro, Chubut y Corrientes.

La designación del profesional correntino, quien concurrió en representación del Ministerio Publico de la Provincia de Corrientes, recayó por decisión del doctor Sotelo en el licenciado Alejandro Goldfarb, jefe del Cuerpo de Psicólogos del Poder Judicial de Corrientes. El titular del Ministerio Público fundó su elección en la oportunidad de que el profesional capacitado pueda replicar en toda la provincia la experiencia y conocimientos adquiridos.

La capacitación se enmarca en el nuevo lugar que la víctima ocupa en el proceso penal, una materia que en el país está modernizándose a ritmo sostenido y por ello ambos Consejos de los Ministerios Públicos cubrieron todos los gastos de los diez profesionales argentinos. Estos cambios implican otorgarle una mayor asistencia, información, protagonismo y cuidados, pero lo novedoso del enfoque de la presente capacitación es que  busca incidir sobre los patrones conductuales de los agresores, para disminuir el índice de reincidencia, lo que termina siendo un dispositivo más, en favor de las víctimas.

A su regreso, el licenciado Goldfarb explicó que esta “experiencia de aprendizaje y trabajo conjunto y los momentos de camaradería vividos por los asistentes, generó la formación de un grupo humano y profesional que podrá hacer aportes valiosos para la implementación del actual  proyecto de tratamiento a agresores de violencia de género como así también, a los que a futuro se propongan, pudiendo para ello, abrevar en las experiencias comunes y en las de los países que presentan un mayor desarrollo en la materia”.

Y puntualizó que “si bien el curso, permitió a los participantes conocer el sistema de justicia español en general, y los criterios técnicos con que se lleva adelante la función pericial, tuvo como objetivo central, capacitarse sobre el trabajo que se realiza con los condenados por casos violencia de género”. “A  ellos, se les impone como regla de conducta, la realización de un tratamiento psicoterapéutico, cuyo cumplimiento es monitoreado por el Poder Judicial. Se trata de  condenados, que no se encuentran privados de su libertad, sino con  prisión en suspenso, por periodos de entre 2 a 4 años”, indicó.

En España, el proceso parte de una derivación judicial, cuando el equipo terapéutico realiza una “admisión”, para establecer si cuenta con las características de personalidad necesarias para participar del dispositivo. “Son criterios de exclusión para participar en el dispositivo terapéutico: personalidades con fuertes características psicopáticas y los que presenten consumo activo de drogas o alcohol”, dijo Goldfarb.

Para la concreción de esta Medida penal Alternativa, en España se recurre a instituciones privadas que realizan los tratamientos, a diferencia de Argentina, donde estos dispositivos se realizan en los Hospitales. Allí, son Ong’s o fundaciones, que ganan procesos licitatorios públicos y que tienen plazos de dos años de implementación de los tratamientos.

Se vinculan con el Poder Judicial, por medio de un “Referente judicial”, siendo la denominación que se da al  psicólogo del Poder Judicial, que hace de nexo entre ambas instituciones. A tal efecto, la institución encargada del  tratamiento, envía un informe mensual de asistencia y se producen contactos directos e informales entre el Referente Judicial y el o los terapeutas. Si no se cumple con el tratamiento, el Referente judicial, toma conocimiento e interviene citando al condenado, a fin de analizar las causas del incumplimiento en primer lugar, y elevando un informe al juez respecto a ello.

En España, a partir de los estudios cuantitativos, han corroborado que la tasa de reincidencia, baja del 50 al 7 %, en los casos en los que el agresor ha recibido tratamiento y es por ello, que se lo entiende a la vez, como una medida preventiva para una futura y eventual víctima. El enfoque entiende la violencia de género como un problema relacional y por ello, trata de incidir sobre todos los actores implicados.

Esta modalidad de trabajo está empezando a replicarse en la Argentina, adaptándose a las realidades de cada provincia. “En Corrientes Capital, actualmente funciona un dispositivo para hombres violentos, en el Hospital de Salud Mental “San Francisco de Asís” con características similares a las del sistema español. El trabajo se inicia mediante un proceso de Admisión, para participar en  grupos que se reúnen con una frecuencia semanal, como así también  la remisión mensual de un informe de asistencia a los jueces que ordenaron  la medida”, sostuvo Goldfarb.