La realizó el fiscal a cargo esta semana de la UFIC, doctor Facundo Sotelo, para pedir al juez de garantías que convierta en detención la aprehensión de dos ciudadanos acusados de robo. Según el nuevo Código Procesal Penal, el Ministerio Público fiscal tiene un plazo de 24 horas para hacerlo. Se hizo lugar a la solicitud.
Fueron definidas por Resolución de la Fiscalía General. Es para adecuar el rol de los defensores al nuevo Código Procesal Penal. Trabajo en equipo y eliminación del expediente papel, entre las consignas del nuevo esquema.
El cambio cultural que implica el sistema adversarial agilizará los tiempos de una investigación. Con la priorización del soporte informático, el expediente dejará el lugar a un legajo digital, que solo cuando corresponda será escrito. El rol de cada una de las nuevas dependencias.
A través de la Resolución N.° 19, publicada en el Acuerdo N.° 15 del STJ, el Fiscal General, doctor César Sotelo, creó la Unidad de la Defensa Pública de la Cuarta Circunscripción, con el fin de adecuar la función de los defensores, cuyo rol es protagónico y fundamental en el nuevo Código Procesal Penal.
Una serie intensiva de reuniones de la Mesa de Trabajo del Ministerio Público con todos los actores del proceso penal de esa parte de la Provincia sirvió para evacuar dudas y revisar los recursos con que se cuenta. Se dieron instrucciones claras y precisas a magistrados, personal judicial y Policía de la Provincia.
La Mesa de Trabajo del Ministerio Público se encuentra en Paso de los Libres para ultimar los detalles de cara a la implementación del nuevo Código Procesal, que en su primera etapa entrará en vigor en la Cuarta Circunscripción. Mañana continuarán en Monte Caseros.
Se trata del nuevo diseño organizacional y funcional del Ministerio Público, de cara a la implementación del recientemente sancionado Código Procesal Penal, que comenzará a implementarse en esa circunscripción desde el 1 de agosto.
El Fiscal General dispuso su conformación el 19 de mayo último. Sus funciones son conducir, evaluar y monitorear los procesos de implementación del nuevo Código, pero también proponer mejoras. Deben elevar a la Fiscalía General informes periódicos de dichos planes.
Juraron hoy ante el Fiscal General. Son la doctora Graciela Ester Luján de Sequeira y el doctor Daniel Federico Gutiérrez. La doctora Sequeira desde 1989 se desempeñaba como Defensora de Pobres y Menores, pero en 2005 había optado por el cargo de que ahora asume.