Pobladores del Iberá solicitaron la suspensión de los efectos que deriven de la ley N° 6384 y del decreto N° 2283 que creó un Parque Nacional en esa zona, alegando peligro sobre derechos consagrados en la Constitución. El Juzgado priorizó la finalidad de la norma –el cuidado del medio ambiente- y no consideró acreditado el peligro de supuestos desalojos en 30 días expresado por los amparistas.