Lo hizo por medio de una Instrucción General, que fija ese parámetro en $18.900. Hasta ese umbral, idéntico al salario mínimo vital y móvil que rige desde el 1 de octubre, la ciudadanía podrá ahora aspirar al patrocinio de los defensores de pobres y ausentes. Habían transcurrido cuatro años desde la última actualización.