Se hizo lugar a una medida cautelar innovativa presentada por el Defensor de Pobres y Ausentes, doctor Antonio Rivero Olivera. La mujer recurrió al Ministerio Público porque vio vulnerado su derecho a un elemento esencial, que ante la emergencia sanitaria cobra todavía más valor.
La dependencia ordenó que -hasta tanto se dicte sentencia definitiva- el valor de la cuota de un automóvil adjudicado se retrotrajera a abril de 2018. Y de allí en más, se actualizara conforme los Índices de Precios al Consumidor que publica el INDEC. En este caso, el monto de la cuota demandaba el 72% del salario de la persona adjudicada.