El STJ decretó la nulidad de un acuerdo de división de bienes que no favorecía económicamente a una mujer, quien padecía violencia de género de modo crónico y sistemático. Dispuso la firma de uno nuevo que integrara la masa ganancial derivada de la actividad comercial del ex cónyuge, omitida de forma deliberada.
El Juez de Familia y Menores subrogante de Mercedes, doctor Gustavo René Buffil, tomó la medida preventiva por una denuncia formulada por una mujer víctima de reiterados hechos de violencia. El arma reglamentaria ya había sido retenida por la autoridad policial, porque el agresor –que es un agente policial- está cumpliendo prisión preventiva en el marco de una causa penal.
La Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Goya mantuvo la exclusión y prohibición de acercamiento de un hombre a su familia, en un contexto de extrema vulnerabilidad. La mujer había solicitado que se revocara esa medida, sin embargo, los magistrados entendieron que el pedido obedecía a su absoluta dependencia para con el hombre violento.
Lo afirmó en el marco de la apertura de la capacitación para quienes serán los responsables de utilizar el sistema creado por la Dirección de Informática y el Área de Jurisprudencia y Biblioteca. La información unificada será remitida a la Junta Federal de Cortes, encargada de desarrollar un Protocolo del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género.
El TOP de Goya, por mayoría, hizo lugar al cese de prisión solicitado por Cristian Casco, detenido por lesiones graves cometidas contra su pareja. Se le impuso como norma de conducta, que deberá cumplir antes de quedar libre, su ingreso al Programa de Sistemas de Dispositivos Duales de Supervisión, Monitoreo y Rastreo de Agresores Sexuales y Víctimas de Violencia de Género. El voto en minoría aplicó perspectiva de género denegando la petición.
En el marco del Programa La Justicia y La Sociedad Civil se concretó en la localidad de San Carlos una jornada de capacitación sobre “Género: su abordaje y procedimientos”. El objetivo es acompañar la implementación efectiva del Protocolo de Justicia de Paz y el de Actuación Policial.